El acuerdo con la justicia tiene resultado incierto

Está en duda el resultado de la votación de la Junta Directiva del FC Barcelona sobre si acepta o no el acuerdo con la Fiscalía y con los abogados del Estado por el caso Neymar.

Podría impugnarse el acuerdo

Mañana se reunirá la Junta Directiva del FC Barcelona en sesión ordinaria para pronunciarse sobre un tema de los más importantes de su historia. Los veinte directivos tendrán que votar a favor o en contra del acuerdo entre FC Barcelona y la Fiscalía, por lo que deberá declararse culpable de dos delitos penales por fraude fiscal, por eludir retenciones correspondientes en los ejercicios de 2011 y 2013 en los contratos firmados con la empresa N&N, propietaria de los derechos de imagen de Neymar.

Asumir estos delitos determina la exoneración de Sandro Rosell y de Josep María Bartomeu como personas físicas. El problema es que el club deberá afrontar el pago de una multa de 5,5 millones de euros, cosa que tiene a los veinte decisores de la junta, bastante enfrentados. La Abogacía del Estado (representante de la Agencia Tributaria) y la Fiscalía, solicitaban penas de cárcel para ambos directivos además de una importante multa económica que superaba originalmente los 60 millones de euros.

Sobre este posible acuerdo, que deberá refrendar la junta directiva presidida por Josep María Bartomeu, ya se han manifestado totalmente en contra dos importantes directivos: Joan Laporta, presidente del FC Barcelona desde 2003 hasta 2010, y Toni Freixa, miembro de la junta azulgrana del club desde 2010 hasta 2015 y que, además, fue secretario, portavoz y candidato a las elecciones a la presidencia, como Laporta, en julio del año pasado.

Y no son los únicos integrantes del FC Barcelona que se oponen rotundamente. Si mañana lunes la Junta Directiva del FC Barcelona vota a favor, un grupo de socios tiene la intención de impugnar el acuerdo de la junta. Los socios tienen derecho “a acceder a los acuerdos de la Asamblea y de la Junta Directiva en los términos que se establezcan, salvo aquellos que por la naturaleza de su contenido puedan perjudicar gravemente los intereses del Club o que vulneren la normativa de protección de datos personales o los criterios y acuerdos de confidencialidad”.

De modo que no está todo dicho, y si la junta no aprueba o los socios impugnan, la situación patrimonial del club estará en conflicto y las personas involucradas podrían terminar tras las rejas.